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Restaurar la confianza en las instituciones públicas: transparencia, participación ciudadana y control de gestión. Parte 1: Transparencia.

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En un post anterior (La relación consultor/a – administración pública en el desarrollo de proyectos en la Smart Society: un nuevo paradigma), comentábamos que la sociedad, de una manera cada vez más activa exige una mayor participación, control y transparencia en la gestión de lo público. Al no ser ésta la idea central del artículo, no profundizamos en ella, pero la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales, ha convertido el dar respuesta a estas peticiones en una condición necesaria para la Administración Pública. De hecho, tal como señala Conchi Rodríguez en el post “Revisando metodologías para la Smart City”, el mayor grado de madurez en una Smart city (el denominado estado “conectado”), lo alcanzan las ciudades que impulsan los diferentes proyectos como parte de un plan maestro integral gestionado por un modelo de gobernanza, que incluye además el gobierno, la ciudadanía y las empresas. Esta gobernanza incluye adoptar la transparencia, la participación ciudadana, y el control como algo de obligatorio cumplimiento. Dada su importancia, dedicaremos unas líneas a cada uno de estos temas en sucesivas entradas.

Parte 1: Transparencia.

En el post actual, expondremos brevemente algunos de los impactos positivos de gestionar de una manera transparente y algunos ejemplos de best practices.

En primer lugar, la escasez de fondos públicos para invertir en proyectos que requieren un intenso empleo de capital en términos de TIC, ingeniería y personal altamente especializado, exige la coparticipación financiera del sector privado para acometer iniciativas que transformen de una manera innovadora nuestra sociedad. En este caso, la transparencia en la gestión directiva y económica genera una mejora en la confianza para que el sector privado invierta en estos proyectos.

Continuando en la esfera de la participación del sector privado en la gestión y prestación de servicios públicos, las privatizaciones, algo hacia lo que tiende el actual modelo social dada la dificultad de los gobiernos para hacerlo con sus propios medios, podrían ser vistas con confianza por los ciudadanos si se contara con total transparencia en las cifras de las inversiones de mejora y gastos de mantenimiento realizados, del coste real de los servicios prestados, el canon que recibe la empresa privada por la prestación del bien o servicio,  la percepción de calidad por parte de los ciudadanos en relación con el precio pagado, y otros indicadores similares. La publicación de este tipo de información revertiría en una confianza social en la participación de la empresa privada en la gestión de lo público.

En proyectos gestionados exclusivamente por las Administraciones públicas, el “espíritu” de la transparencia debe estar presente igualmente en las funciones directiva y gestora. En la función gestora, merecen especial atención el área económico-financiera y el área de gestión de compras.  Del primero  depende la necesaria reserva de crédito para realizar el proyecto, su ejecución presupuestaria, y la posterior rendición de cuentas. El segundo debe proporcionar información acerca de los criterios y procedimientos utilizados en la gestión de las compras corrientes y de las inversiones, además de las normas de control aplicadas para evitar conductas poco éticas.  Como ejemplo significativo en este sentido, el gobierno de Cameron en Gran Bretaña, ha impulsado que la administración central del país esté obligada a publicar todas las facturas de más de 25.000 libras.

Adicionalmente, la Administración debería proporcionar libre acceso a los datos e información que el proyecto haya generado (open data), con el fin de que dichos datos puedan ser reutilizados posteriormente por otras administraciones, empresas, ciudadanos o entidades sin ánimo de lucro. Después de todo, esta información ha sido generada con fondos públicos, por lo que pertenecen a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, como ciudadano,  esta información resulta útil  para la elección del colegio de tus hijos ¿por qué no voy a tener acceso a la nota que se les pone a los colegios?. Un buen ejemplo, es la web Open data Euskadi, el portal de acceso a los datos públicos del Gobierno Vasco en formato reutilizable, cuyos objetivos consisten en generar valor y  riqueza, transparencia, y agilizar la interoperabilidad entre administraciones.

Altran_Smart_Society_Transparencia_Open_Data_Euskadi

Otro impacto muy positivo de la transparencia “way of life”, consiste en la mejora en la eficacia de la gestión de los recursos. No me extenderé en explicarlo, pues el siguiente ejemplo lo muestra con suficiente claridad: en Inglaterra, los hospitales públicos divulgan la tasa de éxito de la cirugía coronaria, los pacientes comparan, los hospitales compiten, y la tasa de supervivencia en este tipo de operaciones supera el 50%.

Altran_Smart_Society_Transparencia_UK_HealthCare

Más allá de los beneficios económicos, la transparencia proporciona poder a los ciudadanos reforzando la esencia de la democracia, al educar a la ciudadanía en los asuntos políticos de la vida de la comunidad. La gestión pública se hace más visible, y así se pueden comprobar cómo son las actuaciones e intereses de los poderes públicos, políticos, administradores y lobbies.  Esta visibilidad constituye el antídoto más eficaz contra la corrupción, que se esconde detrás del ejercicio opaco del poder.  Civio Fundación Ciudadana, proporciona un ejemplo de cómo haciendo uso de información pública, en este caso los Presupuestos Generales del Estado, se puede mostrar el uso que se hace de los fondos públicos ( http://dondevanmisimpuestos.es/).

Altran_Smart_Society_Transparencia_Dondevanmisimpuestos

Por último, creo que todos estaremos más dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones tributarias si las administraciones públicas se comprometen a su vez a llegar a un compromiso veraz de cómo van a utilizar nuestros impuestos e informarnos acerca de ello. Este es el caso del Condado de Osceloa, en Florida. En la web de su Oficina de Impuestos, el ciudadano puede acceder a información exacta de cuál es el destino de cada dólar que paga. Qué porcentaje se destina a bomberos, a la gestión de residuos urbanos, a librerías… incluso a proyectos concretos, como el arreglo de una carretera. Y en el supuesto de que esta carretera no se haya arreglado, el ciudadano puede pedir explicaciones al Condado.

¿Es posible en España llegar a obtener estos resultados? Creo que depende de cómo se gestione la Ley de Transparencia (actualmente en fase de aprobación). Hasta ahora, nuestro país es el único de la UE con más de un millón de habitantes sin dicha Ley y sin acceso a la información pública. En su elaboración, como novedad, se permitió que los ciudadanos pudieran colaborar con sus aportaciones, y casi 80.000 lo hicieron. En estos momentos existen luces y sombras en su tramitación.  Como aspectos positivos se pueden citar:

  • La creación de la Agencia Estatal de Transparencia de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios, que promoverá la transparencia, garantizará el derecho al acceso a la información, y evaluará el uso racional de los recursos públicos.

  • La teórica facilidad para acceder a la información por parte del ciudadano, mediante la creación de un portal de transparencia, la no obligación de justificar por qué se solicita, la gratuidad de la solicitud, y el breve plazo de respuesta: la Administración se compromete a proporcionar los datos solicitados en un mes.

Como aspectos menos positivos, destacaríamos:

  • No se aplica a todas las instituciones públicas. Quedan fuera de su alcance las funciones no administrativas de los poderes legislativo y judicial, los órganos constitucionales y la Casa Real. Estas instituciones deberían quedar sujetas también a la Ley, puesto que reciben fondos públicos para su funcionamiento.
  • Las instituciones públicas no están obligadas a contestar.
  • El silencio administrativo es negativo. Si no se contesta a una solicitud, se entiende desestimada.
  • El elevado número de excepciones al derecho de acceso a la información.

Nacho Ascorve, Consultor en Altran

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Autor: Altran360

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