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La contratación pública que viene

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El pasado 17 de abril el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público así como el de Contratos en los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales. Estos dos anteproyectos hacen prever que, a diferencia de lo que pasó en 2004, España sí cumplirá con los plazos que las Directivas 2014/24 y 25 de la Unión Europea fijaban para su trasposición a la legislación del Estado. Este proyecto de ley sobre contratación pública deberá estar aprobado antes de que finalice abril de 2016. El objetivo es claro, antes del 31 de diciembre de 2018 una de las principales novedades, la contratación electrónica, deberá estar plenamente operativa en todas las fases descritas como obligatorias.

La nueva legislación en materia de contratación sigue los principios de la Estrategia H2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y entre otras cuestiones tiene como objetivos prioritarios mejorar la transparencia de los procedimientos, mejorar la calidad de los contratos reduciendo el peso del criterio precio, la creación de un auténtico mercado europeo de contratación pública, fomentar la inversión en I+D+i  y la participación de las pymes. Muchos de estos pilares básicos, si no todos, tienen como principal baza para su consecución la llamada contratación electrónica.

contratación europea

La nueva norma española transpone la directiva europea

Esta contratación electrónica será obligatoria como mínimo en lo que se refiere a la publicidad de las convocatorias, la disposición de la documentación derivada del procedimiento de contratación, la comunicación licitador-proveedor en todas las fases, envío de invitaciones así como la presentación de ofertas, sin embargo se deja libertad a los estados para ir más allá en esta materia cuando se desarrolle la legislación estatal (y parece que en el caso de España donde se prevé la aprobación de una ley de medios electrónicos en contratación no se limitará al mínimo exigido por la Directiva).

Las experiencias llevadas a cabo hasta el momento (destaca el plan piloto que desarrolló el Servicio de Salud de Portugal) han demostrado que este sistema de contratación es efectivo en cuanto a la disminución de plazos, reducción de la carga burocrática y de costes (al crearse economías de escala y ofertas más competitivas fruto del aumento de la participación de licitadores). Sin embargo son varios los retos que hay que afrontar, como son:

  • La buena elección del modelo de plataforma de contratación, que puede seguir diferentes modelos: centralizado o hecho por una Administración para todas sus compras y licitaciones; descentralizado, en el que la adquisición se hace por parte de cada departamento de una administración, ya sea del software, la asistencia técnica y legal, etc.; o bien el híbrido, en el que se realiza la adquisición tan sólo del software ya sea para toda la administración o para algún departamento.
  • El cambio de mentalidad en el seno de la administración y de las empresas que llevan años licitando.
  • La formación tanto a los trabajadores públicos como a empresas y autónomos.
  • La continua adaptación y actualización de las plataformas (cosa que no ha pasado por ejemplo con los perfiles de contratación)
  • O la interoperabilidad de permisos, programas y formatos entre los diferentes países de la UE.

De todas estas cuestiones se derivará parte del éxito de la nueva legislación en materia de contratación pública. Pero la reforma de la contratación en el Sector Público va más allá y tras una primera lectura de la Ley de Contratos del Sector Público, se comprueba que el legislador español no pretende tan sólo trasponer las Directivas comunitarias, sino corregir las (muchas) lagunas de la Ley de 2007 y el Texto Refundido de 2011. Todo hace pensar que se eliminará el Contrato de Colaboración Público-Privada y que sus supuestos se integrarán en el contrato de Concesión (una concesión en la que se establece que existe riesgo operacional para la empresa adjudicataria y por tanto desaparece la gestión interesada de servicios). En lo que hace referencia a negociación se potenciará el negociado con publicidad dado su éxito para crear un mercado europeo y se restringe el negociado sin publicidad que tendrá consideración de excepción (tan sólo se podrá llevar a cabo cuando el resto de procedimientos hubieran fallado y nunca por cuantía como hasta ahora). Para aumentar la flexibilidad se creará un contrato abierto simplificado por internet para proveedores de servicios, suministros y obras ya registrados y en el que desde su publicación a su adjudicación transcurrirá tan sólo un mes.

contratación pública

La contratación pública futura considerará menos en precio en favor de otros criterios

Se crea el contrato de Asociación para la Innovación que se podrá llevar a cabo cuando las soluciones técnicas existentes no puedan satisfacer una necesidad y se establezcan asociaciones para la innovación a largo plazo para desarrollar soluciones. El criterio precio pierde peso a favor de cuestiones sociales, medioambientales y de innovación (los contratos públicos no pueden ser otorgados al mejor postor sino que se busca una mayor calidad de los mismos) y el criterio “mejoras” se limita a un máximo del 2,5% de la valoración total dado que se había convertido en una fórmula arbitraria de conceder contratos. El desempate pasará por el coste del ciclo de la vida y por las ofertas temerarias (se perseguirá el dumping social, aquellas ofertas basadas en la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores). Se potencia la creación de contratos sociales reservados para empresas y entidades que emplean personas discapacitadas en riesgo de exclusión. La participación de las Pymes se buscará mediante la potenciación de la división en lotes los contratos, a diferencia de lo que pasa ahora se deberán justificar aquellos contratos que no se dividan en lotes.

En definitiva estas y otras novedades que introduce el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público marcarán el devenir de los, por ejemplo, 194.000 millones de euros[1] que en 2014 movió la contratación pública en España (el 18,5% del PIB), una cifra que supone además miles de puestos de empleo. Una ley a tener en cuenta.



[1] Datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2015.

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